El Reino Unido suspende la transferencia de soberanía de las Islas Chagos a Mauricio por la oposición de Donald Trump, en una decisión ligada a las tensiones por el conflicto de Irán.
La soberanía, ese concepto tan escurridizo en la era de la interdependencia global, ha encontrado un nuevo y amargo capítulo en el remoto archipiélago de las Islas Chagos. El 11 de abril de 2026, el Reino Unido anunció la suspensión de su plan para transferir el control de estas islas a Mauricio, una decisión que no emana de un cambio de corazón en Londres, sino de un pulso de poder transatlántico. Este revés, que congela un acuerdo gestado en 2024 para resolver una disputa colonial de larga data y asegurar la continuidad de la vital base militar de Diego García, es la consecuencia directa de la fulminante oposición del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en enero de 2026 tildó el plan de “acto de gran estupidez”.
Lo que en 2024 se vislumbraba como una solución pragmática —Mauricio asumiría la soberanía, mientras el Reino Unido arrendaría la base de Diego García por 99 años— se ha desmoronado bajo el peso de la diplomacia de choque. Trump, quien en visitas previas del primer ministro británico, Keir Starmer, había respaldado el acuerdo e incluso lo había calificado como el “mejor”, ejecutó un giro de 180 grados. La legislación británica necesaria para formalizar la transferencia quedó paralizada, no por falta de voluntad interna, sino por la ausencia de un apoyo estadounidense crucial, manifestado en la falta de un intercambio formal de cartas para enmendar el tratado británico-estadounidense de 1966 sobre las islas. La Casa Blanca, en un movimiento calculado, retiró su bendición, dejando a Londres en un callejón sin salida parlamentario.
Este estancamiento no es un incidente aislado, sino un síntoma de una profunda fractura en la relación especial entre Washington y Londres. La verdadera chispa de la discordia se encendió a finales de febrero de 2026, con el estallido del conflicto en Irán. La negativa inicial de Starmer a permitir el uso de bases aéreas británicas para ataques ofensivos estadounidenses contra la República Islámica, aunque posteriormente se autorizaron ataques defensivos, desató la ira de Trump. El presidente estadounidense, que ha reprochado a Starmer y a otros líderes europeos su percibida inacción en la guerra, instrumentalizó el acuerdo de Chagos como un instrumento de presión. Ni siquiera el alto el fuego de dos semanas anunciado el 7 de abril entre EE. UU. e Irán logró disipar la desaprobación de Trump hacia la política exterior británica, dejando claro que la suspensión del acuerdo es una represalia directa.
En el ámbito interno británico, la decisión ha sido un torpedo a la línea de flotación del gobierno laborista. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, no tardó en arremeter contra Starmer, calificando la situación como “otra condena rotunda de un primer ministro que luchó por entregar territorio soberano británico y pagar 35 mil millones de libras esterlinas para usar una base militar crucial que ya era nuestra”. El futuro de las Islas Chagos y, con ellas, el destino de la base de Diego García, pende ahora de un hilo. Este archipiélago, testigo de siglos de historia colonial y epicentro de la estrategia militar occidental, se encuentra en un limbo, a la espera de un cambio en el panorama político o diplomático que permita retomar unas negociaciones que, sin el respaldo de Washington, parecen condenadas al fracaso.
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