Política

El partido Junts per Catalunya ha propinado un revés al Gobierno español, complicando la aprobación de decretos y los Presupuestos de 2027, lo que podría precipitar un adelanto electoral. Este escenario se produce a días de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, en un contexto donde la gestión de Cándido Conde-Pumpido es clave para la desarticulación del 'procés'. La legislatura, marcada por la amnistía, concluye sin las protestas iniciales, reflejando una reconfiguración política con posibles implicaciones internacionales.

El rechazo de los decretos de vivienda por parte del Congreso ha creado un vacío legal. Aunque las normas estuvieron vigentes solo 24 horas, expertos señalan que los actos realizados durante ese periodo podrían mantener su validez, especialmente si las comunicaciones llegaron a los propietarios antes de la derogación, abriendo la puerta a posibles disputas judiciales.

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, ha anunciado que impugnará la decisión del juez José Luis Calama de rechazar la recusación de la joyería encargada de tasar las joyas del 'caso Plus Ultra'. La defensa alega falta de imparcialidad por parte del gerente de la tasadora, quien habría adelantado públicamente el valor de los bienes. Moreno Catena enfatiza que las objeciones se centran en las garantías procesales del investigado, no en meros formalismos, y reitera la inocencia de su cliente.

El Gobierno español considera adelantar las elecciones generales tras el rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso, impulsado por el voto negativo de Junts. La Moncloa, que confiaba en el apoyo independentista, califica la situación de insostenible y baraja fechas como el 29 de noviembre para una posible disolución de las Cortes. Este revés se interpreta como un importante mazazo político que dificulta el avance de la legislatura.

El rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda ha asestado un golpe a la legislatura de Pedro Sánchez, quien se encuentra en un periodo de reflexión. Moncloa analiza la situación y la respuesta ciudadana, mientras culpa a la derecha y a Junts. La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, exige un adelanto electoral ante este escenario de incertidumbre.

El Gobierno central ha reclamado 1,7 millones de euros a la Comunidad de Madrid por el alquiler del edificio que alberga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, calificando su uso de 'ocupado' ante la ausencia de un acuerdo formal. Esta controversia subraya las tensiones administrativas y podría sentar un precedente en la gestión de inmuebles estatales por parte de las autonomías.

El Pleno del Congreso debatirá y votará este viernes dos decretos ley sobre vivienda. El primero, que incluye la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la limitación de rentas, se complica tras el descarte de la abstención de Junts. El segundo, que propone la renovación automática de alquileres, enfrenta un rechazo significativo del PNV, lo que hace inviable su aprobación sin cambios. La votación subraya la delicada aritmética parlamentaria de la legislatura.

Alberto Núñez Feijóo ha retado a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas, argumentando que la derogación de los decretos de vivienda en el Congreso demuestra la debilidad del Gobierno y su estrategia electoralista. El presidente del PP ha criticado la gestión de la crisis habitacional y la 'frivolidad' del Ejecutivo al abordar un problema clave para la ciudadanía.

El Gobierno agilizará la Ley de Extranjería para trasladar a la Península a los 2.500 menores no acompañados en Ceuta, dos meses después de la entrada masiva. La ministra Sira Rego ha activado el mecanismo de "acogida vinculante" del artículo 35, que permite obligar a las comunidades a acoger, ante la negativa del PP. Se busca garantizar una atención adecuada y evitar el hacinamiento.

El Gobierno de coalición español ha aprobado un paquete de medidas de vivienda en respuesta a la crisis habitacional y las protestas, incluyendo la prohibición de desahucios hasta 2030, la prórroga de contratos de alquiler hasta 2028 y la regulación de alquileres de corta duración. La ministra Mónica García destacó el impacto positivo para más de cinco millones de personas, mientras que la oposición y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han expresado reservas, anticipando una difícil tramitación parlamentaria.