El gobierno australiano ha lanzado la Ley de Incentivo a la Negociación de Noticias (NBI), una legislación que exige a gigantes tecnológicos como Meta, Google y TikTok compensar a los medios locales por su contenido. Si no logran acuerdos, se les impondrá un impuesto del 2.25% sobre sus ingresos en el país. Esta ley, que entrará en vigor en julio de 2026, busca cerrar una laguna de la legislación anterior de 2021 y se espera que inyecte hasta A$250 millones anuales al periodismo australiano.
El gobierno australiano ha presentado una legislación de amplio alcance, la Ley de Incentivo a la Negociación de Noticias (NBI), con el objetivo de redefinir la relación económica entre las grandes plataformas tecnológicas y los medios de comunicación locales. A partir del 28 de abril de 2026, empresas como Meta, Google y, por primera vez, TikTok, se verán obligadas a compensar a los editores australianos por el contenido periodístico que agregan o comparten en sus plataformas. En caso de no alcanzar acuerdos comerciales, estas compañías enfrentarán un gravamen del 2.25% sobre sus ingresos generados en Australia, una medida que el Primer Ministro Anthony Albanese ha defendido como una cuestión de interés nacional y soberanía, según informa TechCrunch. Esta iniciativa marca un hito en la búsqueda de un modelo de financiación sostenible para el periodismo en la era digital.
Esta legislación representa el segundo intento de Australia por establecer un marco de pago equitativo por el periodismo digital, tras la implementación del Código de Negociación de Medios de Noticias en 2021. Aquella normativa, sin embargo, contenía una laguna que permitía a las empresas tecnológicas eludir los pagos simplemente retirando el contenido de noticias de sus plataformas. Meta explotó esta falla en 2024, una decisión que, según informes, resultó en recortes masivos de empleos en las redacciones australianas. La nueva NBI, anunciada inicialmente en diciembre de 2024 por el gobierno de Albanese, ha sido meticulosamente diseñada para cerrar este "vacío obvio", asegurando que las plataformas sean gravadas independientemente de si distribuyen noticias o no, eliminando así la posibilidad de elusión.
El mecanismo de la NBI es explícito: si las plataformas no logran establecer acuerdos comerciales con los editores de noticias locales, se les aplicará un gravamen del 2.25% sobre sus ingresos en Australia. No obstante, la ley incorpora un incentivo estratégico: cuantas más alianzas comerciales establezcan con los medios, menor será la tasa efectiva del impuesto, pudiendo reducirse hasta el 1.5%. Se estima que esta medida podría inyectar entre A$200 millones y A$250 millones anuales al sector periodístico australiano, una inyección financiera crucial para su viabilidad. La Ministra de Comunicaciones, Anika Wells, enfatizó la relevancia de la medida al señalar que "la gente obtiene cada vez más sus noticias directamente de Facebook, de TikTok y de Google", mientras que el Primer Ministro Albanese subrayó que "los periodistas son el alma del sector de los medios de Australia". Una expansión significativa de la nueva legislación es la inclusión de TikTok, que no estaba contemplada en el código anterior. Sin embargo, el Asistente del Tesorero, Daniel Mulino, aclaró que los servicios de Inteligencia Artificial (IA) están explícitamente excluidos del alcance de esta medida, ya que están siendo examinados en otros foros políticos, incluyendo trabajos sobre derechos de autor liderados por el Fiscal General. La fecha límite para que las plataformas cumplan con la nueva normativa, si es aprobada, es julio de 2026, momento en el que también entrará en vigor el gravamen.
La postura de Australia no es un caso aislado en el panorama internacional. Países como Canadá, Brasil y la Unión Europea han intentado implementar legislaciones similares con resultados variados. La ley canadiense de 2023, por ejemplo, llevó a Meta a retirar completamente las noticias de su plataforma, mientras que el proyecto de ley de Brasil ha permanecido estancado desde 2019. La Unión Europea, por su parte, cuenta con normativas, pero su aplicación y efectividad varían entre los estados miembros. Sudáfrica, sin embargo, ha logrado un modelo de éxito notable, donde los reguladores negociaron acuerdos directos con Google, Meta, TikTok y Microsoft, asegurando aproximadamente 40 millones de dólares para los medios de comunicación locales en un período de cinco años. A pesar de la oposición histórica de administraciones como la de Trump en EE. UU. a los impuestos sobre servicios digitales, el gobierno australiano ha reafirmado su derecho soberano a legislar en función de sus intereses nacionales, consolidando su posición como pionero en la regulación de las Big Tech en beneficio del periodismo.
Compartir
Cole Allen, acusado de un intento de atentado contra Donald Trump, se presentó ante un juez en Washington. Enfrenta graves cargos federales, incluyendo ataque a un agente. El caso, reportado por El País, se desarrolla en un clima de alta polarización política, destacando la seriedad con la que las autoridades manejan la seguridad de figuras públicas.
La ex-primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, ha sido condenada a cuatro años de prisión por manipulación de acciones y soborno, duplicando su sentencia inicial. El caso está ligado a la caída de su esposo, el expresidente Yoon Suk Yeol, quien fue destituido y condenado a cadena perpetua tras intentar bloquear las investigaciones sobre su esposa e imponer la ley marcial. La sentencia agrava la crisis de confianza y la polarización política en el país.
Un informe de The New York Times del 26 de abril de 2026 ha revelado que el Clan del Golfo opera una mina de oro ilegal llamada 'La Mandinga' desde el interior de una base militar colombiana. Este hallazgo, que contradice las negaciones iniciales del ejército, pone de manifiesto una posible corrupción a gran escala y una grave brecha de seguridad nacional, evidenciando la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.