El Congreso aprueba una iniciativa para conmemorar los 40 años de España en la UE, celebrando el progreso económico pero alertando sobre reformas judiciales que amenazan la independencia del poder judicial.
El 27 de enero de 2026, el Palacio del Congreso de los Diputados fue testigo de un acto que, en apariencia, celebraba un hito incuestionable: el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. La aprobación de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista no solo buscaba rememorar la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, sino que, de forma cruda y necesaria, desveló una verdad incómoda: la misma democracia que la integración europea ayudó a consolidar, hoy muestra preocupantes signos de erosión interna. La iniciativa, cuya referencia fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se erige como un espejo que refleja tanto los logros como las sombras que se ciernen sobre el Estado de Derecho español.
La entrada de España en la CEE hace cuatro décadas marcó, sin duda, un punto de inflexión histórico. Fue el anclaje definitivo de una joven democracia a los valores y la prosperidad del continente, un paso que consolidó la Transición tras la dictadura. El acceso a un mercado común vasto y dinámico atrajo una oleada de inversiones extranjeras que impulsaron la modernización económica, reduciendo disparidades y fomentando un crecimiento significativo del Producto Interno Bruto. Infraestructuras, sectores productivos y la propia sociedad española experimentaron una transformación sin precedentes, alineándose con los estándares europeos y proyectando una imagen de progreso y estabilidad que se anhelaba desde hacía siglos.
Sin embargo, la misma proposición no de ley que celebra estos triunfos no elude la autocrítica, señalando con preocupación la erosión de las instituciones democráticas. La reforma de la Ley de la Carrera Judicial emerge como el epicentro de esta inquietud. Medidas como la destitución de jueces mayores de 60 años y la creación de un controvertido «Régimen de Disponibilidad» han consolidado un control político sobre el sistema judicial. Esta injerencia directa en la independencia de la justicia, pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional, cuestionando la verdadera salud democrática de España.
Así, el 40 aniversario de la adhesión a la Unión Europea se convierte en algo más que una efeméride; es una encrucijada. Es un momento para celebrar los innegables beneficios de la integración, pero también para una reflexión profunda y urgente sobre los desafíos que acechan a la democracia española desde dentro. Las Cortes Generales, al aprobar esta proposición, no solo miran al pasado con orgullo, sino que se ven interpeladas a salvaguardar los principios democráticos y la independencia judicial. El futuro de España en Europa, y el de su propia democracia, dependerá de la capacidad de sus instituciones para protegerse de las sombras que amenazan con oscurecer su propio legado.
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