El Colegio de la Abogacía de Madrid advierte en un informe sobre el deterioro global del Estado de Derecho, con retrocesos en transparencia, libertades y justicia que también se manifiestan en España.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a través de un reportaje especial en su revista “Otrosí”, ha lanzado una advertencia que trasciende las fronteras de la profesión jurídica para instalarse en el corazón del debate político: el Estado de Derecho global se encuentra bajo una tensión sin precedentes, una erosión silenciosa pero persistente que amenaza los cimientos de nuestras democracias. Este análisis, que bebe de fuentes tan autorizadas como el Colpus Project, la Comisión Europea, la Fundación Hay Derecho y el Departamento de Seguridad Nacional, no es un mero ejercicio académico; es un diagnóstico crudo de una recesión democrática que, lejos de ser un fenómeno ajeno, encuentra un eco preocupante en la realidad española. La credibilidad de “Otrosí”, confirmada por el propio ICAM, dota a sus hallazgos de una autoridad ineludible, obligándonos a confrontar una verdad incómoda: los pilares que sostienen la libertad y la justicia están cediendo.
La primera grieta en este edificio democrático se manifiesta en el declive de la cultura del gobierno abierto, un retroceso documentado en el 66% de los países analizados. Este fenómeno no es abstracto; se traduce en una asfixia progresiva de la participación cívica y una restricción del derecho fundamental de acceso a la información, pilares esenciales para la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Más alarmante aún es el impacto directo sobre los derechos fundamentales: dos de cada tres estados han documentado restricciones crecientes a la libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación. En España, esta tendencia global no es ajena; el archivo de Punto Fijo registra un inquietante aumento del 66.7% en los casos de represión de la protesta en 2025, mientras la 'Ley Mordaza' persiste como un recordatorio constante de las libertades cercenadas, evidenciando que la sombra de la restricción se cierne también sobre nuestras calles y plazas.
La administración de justicia civil, garante último de los derechos ciudadanos, también muestra signos de un deterioro alarmante, habiendo empeorado en el 68% de los países estudiados. Las causas son multifactoriales: una lentitud procesal que desvirtúa el concepto de justicia, la pérdida de eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y, de forma particularmente grave, una creciente interferencia del poder político. Esta politización de la justicia es una preocupación recurrente en el análisis de Punto Fijo, que ha documentado la inquietud de la Comisión Europea y la Civil Liberties Union respecto a la situación en España. Casos como la 'condena del fiscal general' y la inestabilidad normativa, señalada por el Informe del Estado de Derecho 2024 de la Fundación Hay Derecho y Manuel Giménez Abad, generan una profunda inseguridad jurídica, minando la confianza en la imparcialidad y la independencia de nuestras instituciones judiciales.
En el ámbito específico de España, los datos de los informes citados por “Otrosí” y el contexto histórico de Punto Fijo convergen en un diagnóstico preocupante. El “Informe 2024 sobre calidad normativa en España” de la Fundación Hay Derecho ha desgranado el deterioro legislativo y sus consecuencias institucionales, mientras el “Informe Anual de Seguridad Nacional 2025” subraya la importancia de la resiliencia del Estado de Derecho. Aunque se observa una ligera mejora general en las infracciones del Derecho de la UE, con 20 nuevos casos en 2023 y dos condenas del TJUE en 2022, estas cifras son un recordatorio de la necesidad imperante de reformas estructurales y una vigilancia constante. La independencia judicial y la calidad legislativa no son meros ideales; son requisitos indispensables para la salud democrática de la nación.
En síntesis, el reportaje del ICAM, respaldado por una sólida base de datos y en consonancia con el análisis histórico de Punto Fijo, dibuja un panorama de fragilidad para el Estado de Derecho. La erosión de la transparencia gubernamental, la restricción de las libertades fundamentales y la creciente injerencia política en la justicia son desafíos interconectados que demandan una atención urgente y una respuesta decidida. La situación, tanto a escala global como en el caso particular de España, exige un compromiso renovado con los principios democráticos y una acción contundente para revertir estas tendencias regresivas y fortalecer las instituciones que sustentan nuestra convivencia en libertad.
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