España, otrora baluarte de la transición democrática y referente en el sur de Europa, se encuentra hoy en una encrucijada crítica. La solidez de su Estado de Derecho, pilar fundamental de su estabilidad institucional, muestra signos preocupantes de erosión, reflejando una tendencia global que amenaza los cimientos mismos de la gobernanza democrática. Informes recientes, que abarcan desde 2024 hasta el presente 2026, dibujan un panorama inquietante: un deterioro palpable en la calidad legislativa, una creciente sombra de politización sobre el poder judicial y una intensificación en la represión de la protesta social. Estos elementos, entrelazados, no solo merman la seguridad jurídica, sino que ponen en jaque la propia esencia de un sistema democrático.
El Crepúsculo de la Norma
La Fundación Hay Derecho, en su 'Informe 2024 sobre calidad normativa en España', ha encendido las alarmas sobre un "deterioro legislativo y sus consecuencias institucionales". Esta preocupación no es aislada; expertos como Aragón han criticado la proliferación de "leyes de escasa calidad con merma de la seguridad jurídica que las prescripciones legales deben proporcionar". La inestabilidad normativa resultante se ha convertido en una fuente principal de inseguridad jurídica, una debilidad que ya señalaba el Informe del Estado de Derecho 2024, al revelar que España acumuló 20 nuevos casos de infracción del Derecho de la UE en 2023 y dos condenas del TJUE en 2022, un indicativo claro de las deficiencias en la transposición y aplicación de la normativa europea.
La Toga bajo Sospecha
La inquietud por la salud democrática española trasciende las fronteras nacionales. La Comisión Europea, en su 'Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea – Edición 2025', ha manifestado serias preocupaciones, compartidas por la Civil Liberties Union, respecto a la politización judicial. Casos paradigmáticos, como la "condena del fiscal general", son citados como ejemplos elocuentes de una tendencia que socava la independencia de los poderes del Estado. Este fenómeno no es exclusivo de España; el estudio 'Self-Coups Since 1945: A Global Database' de Chin y Wright (2024) ofrece una perspectiva global sobre cómo los sistemas democráticos pueden ser desmantelados desde dentro, un eco perturbador para la situación actual del país.
El Silencio Impuesto
A las deficiencias legislativas y la politización judicial se suma una preocupante intensificación de la represión de la protesta social. El 'Informe Anual de Seguridad Nacional 2025' del Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno, junto con análisis previos, ha documentado un alarmante aumento del 66.7% en casos de represión de la protesta en 2025. La persistencia de la controvertida 'Ley Mordaza' y la forma en que leyes como la de Secretos Oficiales afectan la tutela judicial efectiva en el CNI, son ejemplos patentes de cómo se restringen las libertades fundamentales y la transparencia. Steven Forti, en una entrevista de abril de 2026, lo advirtió sin ambages: "estamos en una batalla donde nos jugamos dejar de ser sistemas democráticos".
Guardianes de la Carta
Frente a este panorama de vulnerabilidades, la vigilancia activa y el compromiso de la sociedad civil y las instituciones jurídicas se revelan como cruciales. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con una intensa actividad en 2025, busca ser un "ecosistema jurídico, cultural y digital al servicio de la abogacía", un espacio de resistencia y propuesta. Figuras como Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), abogan por un enfoque proactivo que no solo señale los problemas, sino que "muestre cómo hacer las cosas bien". En esta encrucijada, la capacidad de España para revertir estas tendencias y fortalecer su Estado de Derecho dependerá, en gran medida, de la voluntad política y la resiliencia de sus instituciones y ciudadanos.