El Congreso debate el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que muestra avances en su ejecución pero enfrenta críticas por la saturación judicial y el alarmante aumento de las agresiones sexuales.
El 25 de marzo de 2026, el Congreso de los Diputados se convirtió, una vez más, en el epicentro de un debate que trasciende lo político para adentrarse en la fibra moral de la nación: la lucha contra la violencia de género. La sesión, recogida en el Diario de Sesiones núm. 519, desnudó la paradoja de un Pacto de Estado que, si bien supera el 50% de ejecución en sus medidas, se enfrenta a una realidad obstinada y a un sistema de protección que, lejos de consolidarse, muestra grietas profundas. La ambición de una hoja de ruta operativa choca con la cruda estadística y la percepción de una ineficacia persistente, planteando interrogantes sobre si la voluntad política se traduce en un escudo real para las víctimas.
La maquinaria judicial, pilar fundamental en la protección de las víctimas, se ha revelado como un cuello de botella insostenible. La saturación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, exacerbada por el diseño de la denominada 'ley Bolaños', genera dilaciones indebidas que no solo frustran la justicia, sino que disuaden a las mujeres de denunciar. El Defensor del Pueblo ha alertado de forma reiterada sobre la complejidad de los procesos, la desatención de derechos y la victimización secundaria, factores que minan la confianza en un sistema que debería ser cercano y accesible. A pesar de los esfuerzos previos, como la especialización de juzgados de lo penal impulsada en febrero de 2025, la operatividad sigue siendo un desafío que aleja a las víctimas del amparo institucional.
El pacto renovado se erige sobre seis objetivos cardinales, destacando la propuesta de tipificar la violencia de género como delito propio en el Código Penal, establecer agravantes y garantizar una protección integral, en línea con los compromisos internacionales. Sin embargo, la aplicación de las medidas sobre violencia vicaria (Bloque 4.1, medidas 281-320), definida como la violencia ejercida por el hombre a través de los hijos, ha encendido el debate. Voces críticas señalan un "elemento ideológico" en su formulación, aludiendo a datos de 2022 que indicaban un mayor número de filicidios cometidos por mujeres en un periodo anterior. Más allá de la polémica, el pacto también busca blindar a colectivos vulnerables —mujeres rurales, con discapacidad, jóvenes, mayores, migrantes— y abordar nuevas amenazas como la violencia digital y la económica, demostrando una voluntad de adaptación a las nuevas realidades.
La eficacia del Pacto de Estado, a pesar de su ambición, se ve ensombrecida por un aumento alarmante de la violencia. Los delitos contra la libertad sexual se dispararon un 87% entre 2017 y 2023, y las agresiones sexuales con penetración crecieron un 129% en el mismo periodo, con especial virulencia en regiones como Cataluña. Estas estadísticas, lejos de mitigar la preocupación, plantean serias dudas sobre el impacto real de las políticas implementadas. Ante esta realidad, la puesta en marcha en octubre de 2025 de un sistema de seguimiento anual con la Agencia para la Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) —un mecanismo sin precedentes— se presenta como una medida crucial para dotar de rigor y transparencia a la evaluación de los resultados, cumpliendo con la medida 451 del pacto y con una vigencia prevista de cinco años.
El compromiso transversal del Congreso, bajo la presidencia de Lídia Guinart Moreno, se extiende también a la protección de las víctimas españolas en el exterior, con un Plan de Acción aprobado en 2024 para superar barreras lingüísticas y judiciales. No obstante, el camino hacia una protección integral y efectiva sigue siendo un desafío constante, donde la voluntad política debe traducirse en una operatividad sin fisuras y en una reducción tangible de la violencia que aún lacra a la sociedad española. La renovación del pacto es un paso, pero la verdadera prueba reside en su capacidad para transformar las cifras y restaurar la confianza de quienes buscan amparo.
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