Un informe de la Fundación Aranzadi LA LEY confirma la sobrecarga del sistema judicial español, que no logra resolver más casos de los que ingresan, mientras la nueva Ley Orgánica 1/2025 es vista como una reforma necesaria pero de implementación precipitada.
La justicia española, ese pilar inquebrantable y a la vez frágil del Estado de Derecho, se encuentra, una vez más, en el ojo del huracán. El reciente XIX Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, auspiciado por la Fundación Aranzadi LA LEY y el Banco Santander, dibuja un panorama desolador: una recuperación pírrica de su capacidad resolutoria que apenas araña la superficie de un "tapón crónico" de asuntos. En 2024, la balanza no se inclinó a favor de la resolución, dejando en evidencia que, pese a los esfuerzos, el sistema sigue sin digerir su propia carga, perpetuando una ineficiencia que lastra la confianza ciudadana y la seguridad jurídica del país.
Miguel Pasqual de Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, no se anduvo con rodeos: el sistema padece un "problema serio de exceso de litigiosidad, con riesgo de sobrecarga y de colapso". Sus palabras no son nuevas para los lectores de Punto Fijo, que hemos documentado cómo España se enquista entre los países de la OCDE con mayor litigiosidad y a la cola en rendimiento judicial europeo. Una realidad que no solo genera un gasto ingente con resultados insuficientes, sino que, alimentada por la inestabilidad normativa y las recurrentes condenas del TJUE, siembra una inseguridad jurídica que mina los cimientos de nuestra economía y sociedad.
En este escenario de asfixia, la Ley Orgánica 1/2025 se presenta como un intento audaz de "coger el toro por los cuernos". Pasqual de Riquelme, aunque reconoce la necesidad de un cambio sistémico, no oculta su escepticismo ante un "calendario estajanovista" que pretende transformar una estructura tan compleja en apenas seis meses. Una cautela que resuena con la historia reciente de reformas judiciales en España, a menudo percibidas como parches insuficientes o, peor aún, como instrumentos de injerencia política. La parálisis de casi un lustro en la renovación del CGPJ o las denuncias de la Asociación de Fiscales en 2026 ante la Comisión Europea por una "transformación de la justicia con finalidad partidista" son cicatrices que demuestran la fragilidad de cualquier buena intención.
Porque la verdadera reforma, la que España necesita con urgencia, trasciende la mera letra de la ley. La sombra de la politización y la erosión de la independencia judicial se ciernen como una amenaza constante. Desde las investigaciones al Fiscal General del Estado hasta la Ley de Amnistía, Punto Fijo ha señalado cómo estas controversias han sembrado dudas sobre la autonomía del sistema. La Unión Europea, con 20 nuevos casos de infracción del Derecho de la UE en 2023 y dos condenas del TJUE en 2022, no es ajena a esta realidad, exigiendo una transformación profunda que aborde la cultura institucional y la dotación de recursos. El informe de Aranzadi LA LEY no es solo un diagnóstico; es un grito de alarma, un recordatorio urgente de que solo un compromiso sostenido, despolitizado y valiente podrá garantizar una justicia ágil, eficaz y predecible, el verdadero baluarte de cualquier democracia.
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