El Reino Unido ha comenzado a revocar el estatus de residencia post-Brexit a ciudadanos de la UE utilizando un sistema de datos de viaje con un historial probado de errores.
Cuatro años después de la formalización del Brexit, la promesa de una nueva era para el Reino Unido se tiñe de una sombra burocrática que amenaza con despojar de derechos a miles de ciudadanos de la Unión Europea. Londres ha puesto en marcha una política de revocación del 'pre-settled status' para aquellos que, según sus registros, ya no residen de forma "continua" en el país. Una medida legalmente amparada por el Acuerdo de Retirada de 2020, pero cuya implementación ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos civiles y organismos de supervisión, quienes advierten sobre el riesgo de decisiones "inseguras" basadas en datos de viaje notoriamente defectuosos.
De los 6.2 millones de ciudadanos de la UE que solicitaron un estatus migratorio post-Brexit, 1.4 millones aún conservan el 'pre-settled status', concedido a quienes habían residido menos de cinco años en el Reino Unido. Las reglas son claras: para mantener este estatus, las ausencias no pueden superar los 30 meses en un periodo de 60. Una ventana de tiempo significativamente más restrictiva que los cinco años continuos permitidos para quienes poseen el 'settled status'. El Home Office justifica esta ofensiva como una salvaguarda de los servicios públicos y una barrera contra la inmigración ilegal, prometiendo que las revocaciones serán "proporcionadas". Sin embargo, la preocupación reside en la herramienta elegida para discernir la continuidad de la residencia.
La piedra angular de esta política, y su mayor vulnerabilidad, es el uso de datos de viaje para monitorear las ausencias. Esta práctica no es nueva y ya arrastra un historial de fallos catastróficos, como el "fiasco de HMRC", donde casi 20,000 padres fueron despojados de sus beneficios por hijos debido a la imprecisión de los registros fronterizos del Home Office. Investigaciones previas han desvelado que estos datos a menudo omiten viajes de regreso, incluyen manifiestos de aerolíneas sin descontar a los pasajeros que no se presentan, y presentan "inexactitudes obvias" como dobles salidas sin entradas intermedias o viajes a destinos diferentes en la misma fecha. La fiabilidad de esta información es, en el mejor de los casos, cuestionable.
Ante este panorama, organizaciones como The3million, defensoras de los derechos de los ciudadanos de la UE, han expresado su "seria inquietud" por la posibilidad de que se tomen decisiones "inseguras" que afecten la vida de miles. Han documentado casos donde las solicitudes de mejora de estatus han sido rechazadas basándose en estas anomalías. La Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements (IMA), un organismo estatutario, ha "expresado preocupaciones" directas al Home Office, señalando la "dificultad para los encargados de los casos de tomar decisiones individuales justas en la práctica". Miranda Biddle, directora ejecutiva de la IMA, ha reconocido el "estrés e incertidumbre" que esta situación genera, mientras la Oficina Nacional de Auditoría ya investiga el uso de datos del Home Office por parte de HMRC, subrayando la magnitud del problema.
El Home Office insiste en que comenzará con aquellos con las ausencias más prolongadas y que la "gran mayoría" de los titulares de 'pre-settled status' no se verán afectados. No obstante, la sombra de la burocracia ineficiente y los datos erróneos se cierne sobre una comunidad que, tras el Brexit, ya ha navegado por un mar de incertidumbre. La promesa de un trato justo para los ciudadanos de la UE en el Reino Unido pende ahora de un hilo, sujeto a la precisión de un sistema que, repetidamente, ha demostrado ser falible.
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