Un año después de la muerte de cinco mineros en la mina de Cerredo, dos informes oficiales concluyen que la tragedia no fue un accidente, sino el resultado de una extracción clandestina y graves negligencias administrativas. Las conclusiones señalan la posible responsabilidad penal de ex altos cargos del gobierno de Adrián Barbón, que se enfrenta a una profunda crisis política por la falta de control que permitió operar a una mina oficialmente cerrada.
La tragedia de Cerredo, que segó la vida de cinco mineros el 31 de marzo de 2025 en el suroccidente asturiano, se revela ahora no como un mero accidente, sino como la culminación de un fallo sistémico. Un año después de la explosión de grisú que devastó la mina, dos informes exhaustivos han emergido, pintando un cuadro desolador de negligencias administrativas, omisiones de control y una extracción clandestina que, según sus conclusiones, pudo y debió ser detectada y prevenida. Estos hallazgos sitúan al Gobierno de Adrián Barbón en una posición precaria, señalando directamente a ex altos cargos y encendiendo una profunda crisis política en el Principado, según informa El Confidencial.
El más incisivo de estos documentos proviene de la comisión de investigación de la Junta General del Principado, el parlamento asturiano. Sus conclusiones preliminares, que se espera sean aprobadas a principios de mayo de 2026 con un amplio consenso (excluyendo al FSA-PSOE), son inequívocas: el suceso de Cerredo "no fue un accidente en el sentido estricto del término". En su lugar, se describe como "la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera". Este informe, elaborado tras analizar exhaustivamente la documentación y los testimonios de decenas de comparecientes, recomienda trasladar los "indicios de responsabilidad penal" a la Fiscalía, señalando a siete personas, entre ellas cuatro ex altos cargos del Gobierno regional: tres exconsejeros y un viceconsejero. La gravedad de estas acusaciones ha provocado una brecha en la federación socialista, con alcaldes de las zonas mineras exigiendo responsabilidades políticas a Barbón, y con IU, socio de gobierno, inclinándose a respaldar el informe.
En el epicentro de la tragedia se encuentra Blue Solving SL, la mercantil que operaba la mina de Cerredo. Oficialmente clausurada desde 2019, la empresa es descrita como un "cascarón jurídico" con apenas 3.000 euros de capital social, un administrador de 21 años y sin trabajadores ni maquinaria registrada. La explosión de grisú, una letal acumulación de metano, se produjo en la galería Mangueiro, directamente atribuible a una falta crítica de ventilación. Los informes detallan que las turbinas de ventilación neumáticas estaban inactivas porque las llaves de alimentación de aire comprimido se encontraban cerradas, lo que permitió que el gas metano alcanzara concentraciones superiores al 4,5%, creando una atmósfera altamente explosiva. Esta situación, según la comisión, era el resultado directo de una inspección deficiente que "no abre expedientes sancionadores cuando se incumplen garantías esenciales, que avisa a las empresas antes de inspeccionarlas y que reduce progresivamente el número y calidad de las visitas de control".
Las señales de actividad ilegal y la falta de seguridad no eran un secreto. Ya en 2022, la misma mina había registrado otra muerte, y el informe laboral de aquel accidente ya advertía sobre "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada". A pesar de ello, tras el cambio de titularidad en 2023, los informes de inspección posteriores, realizados en su mayoría por el mismo inspector, no detectaron irregularidades, ignorando "elementos en el exterior de la mina que resultan indiciarios de lo que sucede en la misma", como mampostas, maquinaria pesada, compresores y mangueras de ventilación que sugerían una extracción profunda y sin las debidas precauciones. Además, un segundo informe, de más de 300 páginas, elaborado por la Inspección General de Servicios del propio Gobierno del Principado, ha admitido la recepción de múltiples denuncias contra la mina de Cerredo desde el accidente de 2022. Estas denuncias incluían correos electrónicos de vecinos en 2023, uno de ellos con fotografías y vídeos, que alertaban sobre la carga de camiones de carbón a horas tempranas para evitar ser vistos y la explotación "sin ninguna medida de seguridad". Uno de estos correos incluso vinculaba a un concejal del PSOE de Degaña con un puesto de trabajo en la empresa a cambio de su silencio. La alegación del Principado de que estos correos se perdieron en una migración del sistema de correo electrónico ha sido recibida con escepticismo, dada la persistencia y especificidad de las advertencias.
La acumulación de estas pruebas y la contundencia de los informes dibujan un panorama de negligencia sistémica que trasciende el ámbito meramente técnico para adentrarse en el político y, potencialmente, el penal. La tragedia de Cerredo, lejos de ser un mero accidente, se erige como un símbolo de las consecuencias devastadoras de la desidia administrativa y la falta de control en un sector que, a pesar de su declive, sigue cobrándose vidas en la clandestinidad. La exigencia de responsabilidades políticas a Adrián Barbón y su gobierno es ya una realidad, con la Fiscalía en el horizonte para evaluar los indicios de responsabilidad penal. El futuro de la supervisión minera en Asturias, y de hecho el panorama político del Principado, pende precariamente de un hilo.
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