El 24 de marzo de 2026, cinco víctimas del terrorismo decidieron abandonar las reuniones organizadas en un caserío en el contexto de un programa de justicia restaurativa. El motivo de su decisión se basa en la percepción de cercanía del mediador con los etarras, lo que ha levantado críticas y dudas sobre el enfoque del programa. Estas reuniones, dirigidas a facilitar el diálogo entre víctimas y responsables de ETA, han estado marcadas por la recomendación del mediador de 'no hablar del pasado' ni 'entrar en debates', lo que ha generado un ambiente de incomodidad entre los participantes. La dinámica ha sido cuestionada por su aparente favoritismo hacia los etarras, lo que ha llevado a algunos representantes de las víctimas a renunciar a su participación. El contexto de estas reuniones se sitúa en un esfuerzo por promover la reconciliación y la reinserción social, hallándose en un delicado equilibrio entre el dolor de las víctimas y la búsqueda de un diálogo constructivo. Sin embargo, la falta de un enfoque adecuado ha evidenciado las tensiones existentes y la importancia de contar con mediadores que sean percibidos como neutrales. A medida que estos acontecimientos se desarrollan, se abren interrogantes sobre los próximos pasos en el proceso de reconciliación y los mecanismos de participación de las víctimas. La crítica hacia la gestión del mediador podría llevar a una revisión más amplia del programa de justicia restaurativa, que busca abordar el legado del terrorismo en España.