El Tribunal Supremo ha dictaminado que dos retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma, pintados por Goya en 1789, pertenecen irrevocablemente al Estado español. La sentencia pone fin a un litigio iniciado en 2017 entre Altadis S.A. y el Ministerio de Cultura, reafirmando la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes del Patrimonio Histórico Español según la Ley 16/1985. Altadis ha acatado la resolución, aunque mantiene su discrepancia, mientras que el Ministerio celebra la recuperación de estas obras maestras para el disfrute público.
El Tribunal Supremo ha zanjado un litigio histórico: dos retratos de Goya, encargados para la Real Fábrica de Tabacos, pertenecen irrevocablemente al Estado español.
Este definitivo fallo pone fin a una contienda legal que se extendía desde 2017, enfrentando al gigante multinacional Altadis S.A. con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las obras en cuestión, los magistrales retratos de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, pintados por Francisco Goya en 1789, nacieron bajo el encargo de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Su trayectoria patrimonial es un reflejo de la historia de España: originariamente parte del patrimonio de la Corona, transitaron posteriormente al Estado, pasando por diversas entidades hasta llegar a la posesión de Altadis S.A. La disputa no residía en la autoría, sino en la titularidad de un legado artístico de valor incalculable.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha sido categórica en su veredicto. La sentencia subraya que, si bien el Ministerio consintió que la Compañía Arrendataria de Tabaco —predecesora de Altadis— poseyera los retratos con una función de ornato en sus edificios, esta cesión de uso nunca implicó una renuncia a la propiedad. Altadis S.A., por su parte, no ha logrado acreditar la titularidad necesaria para invocar la usucapión o prescripción adquisitiva, un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad por la posesión continuada en el tiempo. El fundamento jurídico de esta resolución se ancla firmemente en el artículo 28 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Esta legislación es explícita: los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español son inalienables por las administraciones públicas e imprescriptibles, blindando así el acervo cultural de la nación ante cualquier intento de privatización o adquisición por el mero transcurso del tiempo.
La reacción de las partes ha sido previsible. El Ministerio de Cultura ha acogido la sentencia como una "buena noticia", expresando su esperanza de que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de estas obras maestras. Altadis S.A., aunque ha acatado la resolución judicial, ha manifestado no compartir el fondo de la misma. La compañía ha insistido en su "legítima propiedad", argumentando que el propio Estado reconoció su titularidad en múltiples ocasiones, citando como prueba un contrato de comodato firmado en 1999. Sin embargo, el Supremo ha desestimado este argumento, dictaminando que dicho contrato no constituye un título suficiente para que el Estado pierda la propiedad de los lienzos. Este veredicto no solo recupera dos Goyas para el dominio público, sino que sienta un precedente crucial sobre la protección y la naturaleza inalienable de nuestro patrimonio artístico.
La sentencia de 2023 del Tribunal Supremo trasciende la mera resolución de un litigio mercantil. Se erige como una reafirmación contundente de la primacía del interés público sobre el patrimonio cultural. Al declarar la imprescriptibilidad de bienes como estos retratos de Goya, la justicia española subraya que ciertas obras de arte no son meros activos transables, sino pilares de la identidad colectiva y un legado que pertenece a todos los ciudadanos, garantizando su preservación y acceso para las generaciones presentes y futuras.
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