En América Latina, la lucha por los derechos humanos se libra en dos frentes: la exigencia de justicia por crímenes históricos, como las 434 víctimas de la dictadura brasileña, y la resistencia a nuevas amenazas como el ascenso de la extrema derecha y la precariedad. Un análisis de CLACSO destaca el rol crucial de las organizaciones sociales en este complejo escenario, marcado por el desencanto democrático y las tensiones geopolíticas.
América Latina se debate entre el eco de sus violencias históricas y la urgencia de redefinir la dignidad humana ante un presente convulso. La discusión trasciende la mera reparación del pasado, adentrándose en la reconfiguración del papel del Estado y la sociedad civil frente a un panorama de crecientes tensiones y desencanto.
Seis décadas después del golpe militar en Brasil, el clamor por verdad y reparación resuena con una fuerza inquebrantable. La memoria de al menos 434 personas asesinadas o desaparecidas por motivos políticos durante aquel régimen autoritario no es un mero vestigio del pasado, sino un recordatorio palpable de que la justicia histórica es el cimiento irrenunciable de cualquier futuro democrático. Este legado de violencia estatal, lejos de ser un capítulo cerrado, se entrelaza con las dinámicas políticas contemporáneas, configurando un campo de batalla donde la reparación de injusticias pasadas y la defensa de los derechos fundamentales se vuelven inseparables.
En este escenario de tensiones, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a través de su Grupo de Trabajo “El Estado como contradicción”, ha diseccionado la compleja relación entre los Estados y las organizaciones sociales. Su boletín de diciembre de 2025, "El Estado en debate no. 5", no solo documenta, sino que anticipa las grietas de una hegemonía estadounidense en declive, el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y comerciales, y el creciente desencanto con las democracias representativas. La emergencia de gobiernos de extrema derecha, sumada a políticas de austeridad y una precarización generalizada, dibuja un horizonte de vulnerabilidad para los derechos humanos que exige una comprensión profunda y una acción concertada.
El análisis de CLACSO, que abarca desde México y Colombia hasta Argentina y Brasil, revela la intrincada danza entre el poder estatal y la sociedad civil. Las organizaciones sociales, protagonistas en la resistencia al neoliberalismo durante la década de 1990, fueron también el motor que impulsó y sostuvo el “Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo (CINAL)”, conceptualizado por Thwaites Rey y Ouviña (2019). Países como Argentina, Ecuador y Bolivia fueron pioneros en este giro a la izquierda, mientras que la llegada de Andrés Manuel López Obrador en México (2018) y Gustavo Petro en Colombia (2022) marcó una fase posterior, demostrando la heterogeneidad de las configuraciones estatales y la necesidad de abordajes específicos. En cada caso, la capacidad de estas organizaciones para articular demandas y resistir embates se erige como un barómetro de la salud democrática.
En definitiva, los debates sobre derechos humanos en América Latina son un palimpsesto donde se superponen las cicatrices del pasado y las incertidumbres del presente. La ineludible tarea de confrontar violaciones históricas, como las documentadas en Brasil, se fusiona con la urgencia de descifrar y actuar ante las nuevas amenazas que emanan de los giros políticos y las transformaciones económicas. La interacción, a menudo contradictoria, entre el Estado y las organizaciones sociales, en un contexto de ascenso de la derecha y desencanto generalizado, no es solo un objeto de estudio, sino el epicentro de la defensa y promoción de los derechos fundamentales en una región que se niega a olvidar y lucha por reinventar su futuro.
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