España, pilar del entramado europeo, somete a escrutinio su Estado de derecho. Un informe crucial revela avances, pero también profundas grietas en su armazón legal.
La Radiografía de la Conformidad Europea
El Palacio de la Aljafería de Zaragoza fue testigo, el 19 de marzo de 2025, de la presentación de un documento que disecciona la salud institucional de España: el Informe del Estado de derecho 2024. Fruto de la colaboración entre la Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación 'Hay Derecho', este análisis pormenorizado arroja luz sobre el compromiso de la nación con el Derecho de la Unión Europea. Los datos de 2023, aunque reveladores de un esfuerzo, pintan un cuadro complejo: España acumuló 20 nuevos casos de infracción, con 11 de ellos derivados de una transposición tardía de directivas y 8 por una aplicación incorrecta. Un caso adicional se sumó por la infracción de reglamentos o tratados. Pese a estas cifras, el informe subraya una ligera mejora respecto al año anterior y una tendencia más acentuada de progreso en comparación con el trienio 2019-2021, sugiriendo una voluntad de corrección en las esferas gubernamentales.
El Eco de Luxemburgo: Sentencias que Marcan Precedente
Sin embargo, el camino hacia la plena armonización no está exento de escollos. El informe no omite las dos sentencias desfavorables que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó contra España en 2022. Particularmente significativa fue la resolución del asunto C-278/20, emitida por la Gran Sala del TJUE el 28 de junio de 2022. En este fallo, España fue condenada por ciertas disposiciones de las leyes 39/2015 y 40/2015, que regulan la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la no aplicación del Derecho de la UE. Este veredicto no solo subraya la necesidad imperiosa de una mayor coherencia legislativa nacional, sino que también recalca la trascendencia de una transposición y aplicación impecables del corpus jurídico comunitario para salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La Inestabilidad Normativa: Un Lastre para la Seguridad Jurídica
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado y Germán M. Teruel Lozano, co-directores del informe, enfatizaron la premisa fundamental de su trabajo: 'medir con datos la realidad de nuestro Estado de derecho'. Este enfoque empírico busca desvelar las áreas de mejora y propiciar una regulación más eficaz y estable. La conclusión es contundente: uno de los principales focos de inseguridad jurídica en España reside en la falta de fijeza de las normas y la constante mutación del marco legal. Esta 'sobrerregulación', la complejidad inherente, la incoherencia y la inestabilidad del ordenamiento jurídico son identificadas como barreras que exigen una profunda reflexión y la implementación de análisis de impacto normativo rigurosos para evitar futuras disfunciones.
Hacia una Regeneración Institucional Sostenible
En definitiva, el Informe del Estado de derecho 2024 no es solo una instantánea; es una hoja de ruta crítica. Ofrece una radiografía detallada de la posición de España frente a sus compromisos europeos, evidenciando tanto los avances logrados como los desafíos persistentes que aún requieren atención. La continuidad de estos análisis, con su enfoque basado en datos, se revela como una herramienta indispensable para fortalecer la calidad institucional del país y asegurar la plena observancia de los principios fundamentales del Estado de derecho en el dinámico contexto de la Unión Europea. La regeneración institucional, lejos de ser una aspiración, se configura como una necesidad imperativa.
