El sistema jurídico español muestra una preocupante inercia para adaptarse al Derecho de la UE, una omisión criticada por expertos y evidenciada en la reforma fallida de la LOPJ en 2015. Esta tensión se refleja en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía (18/2026), que pone de manifiesto los complejos equilibrios entre soberanía legislativa, principios constitucionales y obligaciones supranacionales.
España se enfrenta a una persistente inercia legislativa que compromete su coherencia jurídica y la plena integración del Derecho de la Unión. La lentitud en adaptar la normativa interna, a menudo en favor de réditos políticos, genera una incertidumbre que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto de manifiesto, exigiendo la reparación de daños por infracciones comunitarias incluso tras sentencias firmes desestimatorias. Esta situación, lejos de ser una novedad, es un eco de una problemática que expertos como Federica Costagliola han señalado con insistencia, evidenciando una "inactividad legislativa prolongada en el tiempo" sin justificación aparente.
La gravedad de esta inacción se acentuó con la oportunidad perdida en 2015. Durante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 7/2015), se desaprovechó la ocasión de regular expresamente el reexamen de actos y sentencias firmes que contravienen el Derecho de la Unión. Esta omisión no solo perpetúa un vacío legal, sino que dificulta la aplicación efectiva de los principios de primacía y seguridad jurídica, dejando a los particulares en un limbo ante la necesidad de reclamar daños derivados de infracciones del Derecho de la Unión, tal como subraya la sentencia Comisión/España de 2022 del TJUE.
En este complejo escenario de adaptación y coherencia, la Sentencia 18/2026, de 25 de febrero de 2026, del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), emerge como un hito significativo. Aunque su objeto directo no fue la responsabilidad del Estado Legislador por infracción del Derecho de la UE, su resolución sobre el recurso de inconstitucionalidad 6525-2024, interpuesto por el Parlamento de Cantabria contra la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, resuena con las mismas preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la adecuación de las leyes. Presidido por Cándido Conde-Pumpido Tourón y con la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas como ponente, el fallo del TC ilustra la intrincada interacción entre los poderes legislativo y judicial.
El Parlamento de Cantabria fundamentó su recurso en argumentos de peso, desde la infracción de la reserva de ley orgánica y el principio de igualdad hasta la vulneración de la seguridad jurídica y la legalidad penal, sin olvidar la afectación de sus competencias autonómicas en la extinción de la responsabilidad contable. La sentencia del TC, al declarar la constitucionalidad de la medida de amnistía, si bien matizó que algunos preceptos relativos a la extinción de la responsabilidad administrativa o contable y a la regulación de la competencia y el procedimiento carecían de naturaleza de ley orgánica, subraya la constante tensión entre la voluntad legislativa, la salvaguarda de los principios constitucionales y la integración en un marco jurídico supranacional.
La yuxtaposición de la inacción legislativa frente a las exigencias del Derecho de la UE y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía, dibuja un panorama donde la necesidad de una legislación ágil y coherente es más apremiante que nunca. La cuestión no es solo cuánto tardará el legislador español en "coger el toro por los cuernos", sino si la preferencia por el rédito político seguirá postergando lo esencial. Fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones exige una regulación adecuada y coherente, una asignatura pendiente que el sistema jurídico español debe abordar con determinación para consolidar su papel en la Unión Europea y garantizar la plena efectividad de sus principios.
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