El Parlamento israelí ha aprobado una ley que permite la horca para palestinos condenados por ataques mortales, una medida que, según críticos, consagra la discriminación en su sistema judicial.
La Sombra de la Horca sobre la Justicia
El 30 de marzo de 2026, la Knéset, el Parlamento de Israel, dio luz verde a una legislación que establece la pena capital por horca como sentencia por defecto en los tribunales militares para palestinos condenados por ataques militantes mortales. Esta decisión, impulsada por la extrema derecha israelí en el contexto posterior al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza, ha desatado una ola de condenas y preocupaciones. La controversia radica en su carácter percibido como intrínsecamente discriminatorio. Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han señalado que la redacción de la ley está diseñada de tal manera que su aplicación a extremistas judíos que cometan crímenes similares es, en la práctica, improbable. Yoav Sapir, exjefe de la oficina de defensores públicos de Israel y profesor de la Universidad de Tel Aviv, lo expresó sin ambages: la intención es “claramente que la ley se aplique a los palestinos y no al terrorismo judío en absoluto”, citando el caso de Baruch Goldstein, quien masacró a 29 palestinos en 1994, como un ejemplo de alguien que no sería ejecutado bajo esta normativa. Suhad Bishara, abogada del grupo palestino de derechos Adalah, denunció la legislación como un ataque directo a la igualdad, afirmando que “apunta exclusivamente a los palestinos, violando el principio fundamental de igualdad y la prohibición de la discriminación racial”.
Un Mandato de la Derecha, un Repudio Internacional
La aprobación de esta ley se produjo tras horas de encendidos debates y a pesar de las objeciones de funcionarios de justicia israelíes, grupos liberales de derechos y varias potencias europeas, incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Estas naciones expresaron su “preocupación particular por el carácter discriminatorio de facto del proyecto de ley” y advirtieron que su adopción “pondría en riesgo los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos”. Sin embargo, la medida contó con el apoyo inquebrantable de la coalición gobernante del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Figuras de línea dura, como Itamar Ben-Gvir, el Ministro de Seguridad Nacional, habían hecho de la imposición de la pena de muerte a militantes palestinos una promesa central de su campaña electoral, llegando incluso a lucir pines con forma de horca en la Knéset, simbolizando una postura intransigente que ahora se materializa en ley.
Entre la Disuasión y la Discriminación Histórica
Históricamente, la pena de muerte ha sido legal en Israel, pero su aplicación ha sido extremadamente rara, limitada a dos ocasiones en sus 78 años de existencia: la ejecución de Meir Tobianski en 1948 (posteriormente exonerado) y la de Adolf Eichmann en 1962, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Los defensores de la nueva ley argumentan que servirá como un elemento disuasorio crucial para futuros ataques palestinos y reducirá el incentivo para que grupos armados como Hamás tomen rehenes israelíes para intercambiarlos por prisioneros palestinos, una táctica utilizada en el ataque de 2023 donde más de 250 personas fueron secuestradas y posteriormente intercambiadas por más de 3.500 prisioneros palestinos. No obstante, la historia de la pena capital en Israel, marcada por su excepcionalidad y la gravedad de los casos, contrasta fuertemente con la percepción de que esta nueva ley se aplicará de manera selectiva, desvirtuando cualquier argumento de disuasión universal y reforzando la narrativa de una justicia asimétrica.
El Desmantelamiento de las Garantías y la Última Esperanza Judicial
La ley aprobada elimina muchas de las salvaguardias legales presentes en otras democracias. Los palestinos condenados en tribunales militares, un sistema que ha sustentado la ocupación israelí de Cisjordania durante décadas y que ofrece menos protecciones de derechos civiles y debido proceso, no tendrán un camino claro para recibir un indulto o la conmutación de su sentencia. La legislación estipula que la ejecución debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 180 días, limitando drásticamente el potencial de nuevos juicios o apelaciones exhaustivas. Además, solo requiere una mayoría simple de jueces para la condena a muerte, a diferencia de la unanimidad de jurado exigida en la mayoría de los estados de EE. UU. Ante estas disposiciones que desmantelan el debido proceso, grupos de derechos israelíes y palestinos de izquierda han presentado inmediatamente peticiones ante la Corte Suprema de Israel para anular la ley, esperando que sea revocada debido a sus cláusulas discriminatorias y su flagrante violación de los principios de igualdad ante la ley.
