El Gobierno de coalición español ha aprobado un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda, una decisión que llega tras una serie de protestas ciudadanas motivadas por la crisis habitacional en el país. La movilización social se intensificó la semana pasada a raíz del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. Entre las propuestas más destacadas, el Ejecutivo ha incluido una prohibición de los desahucios que se extendería hasta el año 2030, según informa BBC News. Las medidas, presentadas en forma de dos decretos, entran en vigor de manera inmediata, aunque requieren la aprobación del Congreso en un plazo máximo de un mes.
La ministra de Sanidad, Mónica García, de la alianza Sumar, ha declarado que estas disposiciones buscan aliviar la situación de más de cinco millones de personas. Además de la moratoria en los desahucios, el paquete incluye la prórroga de contratos de alquiler hasta 2028, una regulación más estricta para los alquileres de corta duración y por habitaciones, y la prohibición de la compra de viviendas por parte de empresas de inversión. García ha enfatizado la necesidad de "intervenir en el mercado especulativo de la vivienda" para equilibrar los intereses de los ciudadanos con los de los "fondos buitre", agradeciendo el papel de las movilizaciones ciudadanas.
No obstante, la aprobación parlamentaria de estos decretos se presenta como un desafío para el Gobierno de Pedro Sánchez, que carece de mayoría en el Congreso y ha encontrado resistencia en el pasado por parte de partidos de derecha para sacar adelante iniciativas similares. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha criticado las medidas, argumentando que "dejan a los pequeños propietarios en la estacada" al agruparlos con los grandes fondos de inversión. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha instado a las formaciones políticas a respaldar los decretos, vinculando su importancia al caso de Maricarmen Abascal. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, se ha señalado que la "batalla apenas ha comenzado", anunciando nuevas movilizaciones y la intención de escudriñar la "letra pequeña" de los decretos.