El partido Junts per Catalunya ha asestado un golpe significativo al Gobierno, en un momento crucial a menos de una semana de que el Tribunal Constitucional (TC) emita su sentencia definitiva sobre la situación procesal de Carles Puigdemont y otros encausados del proceso independentista, según informa La Vanguardia. Este movimiento político, interpretado como un "trompazo" al "partido amnistiador", se produce en un contexto de alta tensión y reconfiguración del tablero político español.
La votación en el Congreso ha mermado la capacidad del Ejecutivo para asegurar la aprobación de decretos de urgencia, como el destinado a evitar desahucios de inquilinos vulnerables, y ha comprometido la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 como herramienta para cerrar la legislatura. Esta situación podría llevar al presidente Pedro Sánchez a considerar un adelanto de las elecciones generales. La celebración de comicios anticipados en España en noviembre adquiriría una notable repercusión internacional, en un momento en que el mapa político europeo se encuentra en plena ebullición y con posibles intervenciones de agentes políticos internacionales, como se observa en otros países de relevancia global.
Paralelamente, la legislatura, que comenzó con fuertes protestas contra el pacto de amnistía, parece concluir con la amnistía ya consolidada y sin las manifestaciones iniciales. Este desenlace se vincula estrechamente con la trayectoria del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Su gestión es vista como una victoria jurídica frente a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante los acontecimientos de octubre de 2017. Conde-Pumpido, desde su posición en el TC, implementó instrumentos ejecutivos y coercitivos que resultaron clave para impedir la materialización efectiva del 'procés', desactivando la sindicatura electoral antes del referéndum del 1-O de 2017 y limitando las consecuencias de una declaración de independencia que nunca se formalizó oficialmente.