El 30 de marzo de 2026, Israel cruzó un umbral histórico al aprobar la pena de muerte por horca para palestinos, desatando una condena global y redefiniendo su política judicial. Esta medida, que marca un punto de inflexión en la historia legal del Estado judío, se produce en un contexto de escalada sin precedentes y una supuesta guerra con Irán y Hizbulá, según los reportes. La legislación, impulsada por la coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, no solo revierte décadas de práctica judicial, sino que proyecta una sombra de discriminación que ha encendido alarmas en todo el mundo.
Desde la abolición de la pena capital para delitos ordinarios en 1954 y la última ejecución en 1962 —la de Adolf Eichmann—, Israel había mantenido una postura restrictiva sobre la pena de muerte. Sin embargo, la aprobación de esta ley, con 62 votos a favor y 48 en contra, representa una cesión clave de Netanyahu a sus aliados de extrema derecha, particularmente al partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. La promesa de Ben-Gvir de que “quien asesine judíos no podrá seguir respirando ni disfrutando de las condiciones de la cárcel” se materializa ahora en una normativa que, para muchos, es tanto un instrumento de justicia selectiva como una declaración política de alto voltaje.
La Letra de la Ley: Discriminación Incrustada y Alcance Expansivo
La nueva ley estipula que la pena de muerte se aplicará a quienes hayan asesinado a una persona “con la intención de negar la existencia del Estado de Israel”. Esta redacción, cargada de implicaciones ideológicas, crea una distinción que, en la práctica, hace “prácticamente imposible” su aplicación a nacionalistas judíos que cometan actos violentos, subrayando su carácter discriminatorio. La ejecución por ahorcamiento deberá realizarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, sin derecho a indulto, aunque los jueces conservan la prerrogativa de imponer cadena perpetua. Un aspecto particularmente polémico es la facultad del tribunal para imponer la pena capital incluso si la Fiscalía no la solicita y sin requerir el consentimiento unánime de los jueces. Su alcance geográfico es vasto, aplicable en cualquier territorio bajo control de facto de Israel, incluyendo toda Cisjordania y el 53% de la Franja de Gaza. Es crucial destacar que esta ley no se aplicará a los milicianos de Hamás responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023, para quienes se está impulsando un proyecto de ley separado que contempla un tribunal específico.
Ecos de Condena: La Fractura Interna y el Repudio Internacional
La aprobación de esta legislación ha generado una profunda fractura tanto dentro como fuera de Israel. Internamente, la abogada Lilach Wagner, del Ministerio de Justicia, la calificó de “muy problemática”, advirtiendo que algunas de sus cláusulas violan la Ley Básica israelí. Oficiales del Ejército y el Ministerio de Exteriores han expresado su preocupación por la contradicción con tratados internacionales de los que Israel es signatario, lo que llevó a Netanyahu a “suavizar” la versión final para mitigar las cláusulas más inconstitucionales. Sin embargo, la comunidad internacional ha reaccionado con una condena generalizada. Ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto, expresando su preocupación por el “carácter discriminatorio de facto” y reiterando su oposición a la pena de muerte “independientemente de las circunstancias”. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, también trasladó su inquietud.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) tildó la ley de “crimen de ejecución” y “peligrosa escalada”, denunciando que “expone una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí”. Hamás, por su parte, la calificó de “fascista” y un “peligroso precedente”, advirtiendo que “recibirán una respuesta a la altura de la magnitud de tales crímenes”. Esta legislación, que pasó su segunda y tercera lectura en la Knésset tras una primera lectura en noviembre de 2025, no solo profundiza las tensiones en una región ya volátil, sino que plantea serias interrogantes sobre el compromiso de Israel con los derechos humanos y el derecho internacional, marcando un sombrío precedente para el futuro de la justicia y la coexistencia.
